Neoliberalismo Méxicano
Al inicio de los 80 el fenómeno que se venía perfilando desde la década anterior cumple su cometido, es decir; el modelo de desarrollo que anteriormente había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en el México posrevolucionario estaba en crisis (Nava, 2000).
Es en el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando tiene su aplicación la estrategia neoliberal; inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales 1; desmantelamiento, que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía, para el último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982, tenía el gobierno federal 1155 empresas, en 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que “no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”, argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal (SHCP, 1988).
En el período salinista el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental, en ésta etapa; se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado, tal es el caso de los Artículos 28, 73 y 123 referidos a la reprivatización de la Banca, la reforma electoral, de la ley de culto; y del Artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros (tendiente a eliminar los ejidos) 2 (Vidales, 1996).
En efecto, con las modificaciones realizadas al Artículo 27, se buscó crear las condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola, abriéndose la posibilidad de participación del capital privado nacional y extranjero en las tierras ejidales y comunales, además de ser objeto; de compra, venta, arrendamiento y de contratos de asociación; se buscaba también incrementar la productividad y capitalizar las actividades agrícolas con el apoyo del sector privado. Es decir; la modificación al Artículo 27, forma parte de la reestructuración de la economía mexicana en general en un nuevo modelo de inserción en el mercado mundial. En esta lógica la agricultura requería de una modernización de infraestructura productiva y de comercialización para aumentar la productividad y competitividad internacional. Para ello, se necesitan cuantiosas inversiones en el agro, que ahora tienen que ser realizadas por el capital privado (Prud´homme, 1995).